La coyuntura tampoco es halagüeña en lo que a obra pública se refiere. Y es que se está detectando una ralentización de los proyectos, más acuciante en los autonómicos. Esto significa que, en muchos casos, el lapso de tiempo que transcurre desde que se inicia el proceso de licitación, hasta que se adjudica la obra y el posterior inicio de los trabajos, supera los seis meses.

Ante esta situación, desde la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura, Pymecon, observamos el paso del tiempo con preocupación. La escasez de licitaciones y ejecuciones de obras que cuentan con financiación proveniente de la Unión Europea hace suponer que volveremos a renunciar a los fondos, procediendo a la devolución de los mismos.

No deja de ser paradójico que Extremadura reciba más fondos estructurales europeos que otras regiones por su condición de objetivo preferente, que viene dada por su coyuntura económica, y éstos se devuelvan sin ser utilizados.

Sirva como ejemplo el Plan de Desarrollo Rural, del que solo se han ejecutado hasta la fecha en torno al 15% de los proyectos. Según los compromisos establecidos, a finales de 2018 se debería alcanzar el 40% de la importante cuantía de fondos previstos entre los años 2014-2020. Es decir, cuando ha transcurrido la mitad del periodo que marca el Plan, faltarían por ejecutar cerca del 80% de las inversiones.

En este sentido, las cifras que arrojan los primeros seis meses del año son desoladores para el sector de la construcción. El gasto en obra pública en Extremadura es el más bajo desde 2012 y hasta el mes de junio, inclusive, la licitación de las administraciones se cifró en 68,2 millones de euros, una reducción del 20% en relación al mismo periodo de 2016. Pero si acotamos más y ponemos el foco en los cuatro primeros meses del año, en los que los concursos públicos sumaron 28 millones de euros, estos marcaron el peor cuatrimestre de los últimos diez años.

Precisamente, un estudio de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) pone el foco en la necesidad de obras en infraestructuras que tiene Extremadura. En concreto, cifran en 1.800 millones de euros los proyectos que considera prioritarios para nuestra comunidad hasta el año 2020.

Ante esta grave situación, desde Pymecon confiamos en que la nueva ley de contratos del sector público, consiga regular las licitaciones, de manera que pymes o empresa de tamaño intermedio puedan competir con los grandes grupos, que son adjudicatarios de la gran mayoría de obras públicas.

Pymecon considera necesario, para el bien general del sector, un incremento no solo de obras, sino también un mayor reparto que ayude a todas las empresas a superar esta situación de crisis sectorial que lleva ya demasiado tiempo afectándonos.

JOSE LUIS IGLESIAS SANCHEZ

Gerente de Pymecon

http://www.hoy.es             en