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También se pretende agilizar los procedimientos y aumentar la competencia al permitir la incorporación de las pymes en los concursos.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 25 de noviembre la remisión a las Cortes Generales de los dos proyectos de ley sobre contratación pública. En concreto, una de las leyes regula la contratación del sector público en general, y la otra, las especialidades en materia de contratación en los sectores de agua, energía, transporte y servicios postales. De este modo, la nueva Directiva de concesiones se incorpora a estas dos leyes sin que se apruebe una norma específica en esta materia.
Las leyes tienen como principales objetivos agilizar los procedimientos de contratación, aumentar la competencia al permitir la incorporación de las pymes en los concursos, mejorar la publicidad y transparencia, luchar contra la corrupción y servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de I+D.
Con estos proyectos de ley se pretende reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos de contratación pública, acortando los plazos de tramitación y apostando por la utilización de medios electrónicos, informáticos y tecnológicos.
Más transparencia y lucha contra la corrupción. Por otro lado, las nuevas leyes persiguen mejorar la publicidad y la transparencia, al mismo tiempo que luchar contra la corrupción en los contratos públicos.
Se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía creándose un nuevo procedimiento más transparente, el Abierto Simplificado, con una duración del proceso de contratación breve, de alrededor de un mes, con publicación obligatoria.
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