150.000 edificios de más de 50 años tendrán que someterse a revisiones en Extremadura

Los vecinos deberán buscar un técnico que evalúe el bloque y si no supera la inspección, hacer obras. La medida, de carácter nacional, comenzará a aplicarse en la región a partir de junio del 2018.

Comienza la cuenta atrás. Más de 150.000 comunidades de vecinos de la región tienen que empezar a prepararse para que sus edificios pasen inspecciones técnicas periódicas y acometer obras de mejora si fuera necesario. Los controles se exigirán para todos los bloques que tengan más de 50 años y empezarán a ser obligatorios a partir de junio del año 2018. Se trata de una medida incluida en la ley estatal de suelo y rehabilitación urbana y en estos momentos la Junta, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, elabora la normativa que regulará su aplicación en la región. El borrador del decreto acaba de entrar en fase de exposición pública para recibir alegaciones.

Hasta ahora las comunidades de vecinos solo tenían la obligación de revisar cuestiones como las instalaciones de gas, calefacción y ascensor, pero con la nueva normativa también será de ineludible cumplimiento mantener el edificio en buen estado de conservación: estructura, red de saneamiento, conductos de ventilación o fachadas. Todo se inspeccionará con el llamado Informe de Evaluación de Edificios (IEE), que también valorará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad (instalación de rampas, ascensores, etcétera) o el grado de eficiencia energética.

El informe de evaluación de edificios tiene que ser emitido por arquitectos, aparejadores o ingenieros competentes en la materia con una periodicidad mínima de 10 años. Según la normativa regional, serán los ayuntamientos los encargados de requerir el trámite a los vecinos propietarios, que después deberán presentar el informe de situación en el consistorio y, en caso necesario, corregir las deficiencias detectadas.

En estos momentos, en la región el sector está a la espera de que termine de aprobarse el decreto regional para actuar (debe pasar por el Consejo de Gobierno y publicarse en el DOE), de forma que las comunidades de vecinos no han comenzado aún a mover los trámites. Pese a ello, Calleja considera que los plazos que se han establecido son «razonables» y confía en que puedan cumplirse sin contratiempos.

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